8M – SIN CORRESPONSABILIDAD NO HAY IGUALDAD

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Hace casi dos años que estallaba la emergencia socio sanitaria y nos empujaba de inmediato a reconocer oficialmente los trabajos de cuidados familiares como esenciales. Pero esto no ha repercutido en las condiciones en las que los cuidados son asumidos: son precarios y son femeninos.

La pandemia no ha comportado cambios de fondo para articular una respuesta pública ante la crisis de los cuidados familiares. Ahora bien, uno de los cambios que hemos oído decir repetidamente que ha venido para quedarse, el teletrabajo, es una fórmula que sí ha impactado en quien cuida: no para cambiar nada, sino para asentar el mismo modelo.

Esta medida que, a priori, es ventajosa por la flexibilidad que puede ofrecer a los trabajadores, no ha resultado tener un rédito equiparable para mujeres y hombres. Se ha convertido en una expresión más de la endémica y desigual presencia/ausencia en el trabajo reproductivo -de cuidados y doméstico- por razón de género.

El predominio de los valores tradicionales de género, que asignan a las mujeres un papel protagonista en el cuidado de la infancia, las personas mayores o las personas con dependencia, explica que la pandemia haya expulsado a más mujeres del mercado laboral, con mucha probabilidad para atender las necesidades familiares. Asimismo, las mujeres tienen los trabajos más precarios porque siguen adaptando el trabajo a las necesidades de la familia y, en consecuencia, su riesgo de caer en la pobreza y la exclusión es superior al de los hombres.

La implicación de los hombres en tareas domésticas y de cuidados durante el confinamiento y las cuarentenas ha sido igualmente inferior al nivel de asunción

de responsabilidades de las mujeres. Es decir, la tendencia ha sido que las mujeres hayan continuado asumiendo una mayor carga de trabajo no remunerado y hayan sufrido plenamente el estrés y la angustia de la triple carga, laboral, doméstica y mental, durante el confinamiento.

En esta dirección, una investigación liderada por la profesora de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Sara Moreno, ha identificado que, durante el tiempo de confinamiento y posterior desescalada, la imposibilidad de externalizar parte del trabajo de cuidados -en escuelas y otros servicios de atención a las personas-, provocó un aumento del trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres. Los roles de género se acentuaron en la mayoría de hogares en esta situación excepcional.

Hasta antes de la pandemia, el teletrabajo era una modalidad minoritaria y masculinizada, pero cuando se extiende de forma forzada por la crisis sanitaria, lo que ha hecho, según esta investigación, es reforzar el rol de cuidadoras de las mujeres. ¿Por qué? Moreno explica que la forma de vivir y pensar el hogar todavía es muy diferente, por la socialización de género diferencial, y que, en la práctica, esto quiere decir que muchas mujeres que están en casa teletrabajando viven «un régimen permanente de doble presencia». Se refiere a qué trabajan mientras ven las tareas de trabajo doméstico y de cuidados que hay por hacer, por lo que se fusionan las fronteras de lo laboral y doméstico. Entre los hombres, mayoritariamente, se observa cómo lo que prevalece es la disponibilidad laboral, lo que evita la

exposición al peso mental ya los malestares resultantes de la doble presencia: en las responsabilidades productivas y en las reproductivas.

Así es que, en clave femenina, el teletrabajo tiende a vivirse como una oportunidad para poder conciliar la vida laboral y familiar, mientras que, en clave masculina, se vive como una oportunidad para ganar calidad de vida y tiempo para uno mismo. La desigualdad se reproduce, y los costes en términos de tiempo y salud para las mujeres, como principales responsables de la provisión de cuidados familiares, también.

A lo largo de la vida, todas las personas necesitamos ser cuidados. La interdependencia es intrínseca en la humanidad. Éste debería ser el punto de partida para asumir la responsabilidad de cuidar, como parte de la vida. Y también el punto de partida para exigir corresponsabilidad pública. Es decir, recursos públicos, para responder ante un contexto en el que las listas de espera para acceder a recursos de la ley de la dependencia superan las 400.000 personas y en las que, según denuncia la asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, los recursos que se proveen son insuficientes tanto en cantidad como en calidad.

Sin una sólida corresponsabilidad por parte de las administraciones frente a las necesidades intensivas de niños y de cada vez más personas mayores, cuidar implica un sobrecoste de tiempo, recursos y salud para, principalmente, las mujeres, ya sea dentro de la familia o como trabajo infraremunerado.